CELEBRACION 40 ANIVERSARIO
DE LA DEFENSA PÚBLICA
José Arnoldo González Castro*
El próximo 4 y 5 de marzo la Defensa Pública de nuestro país, estará
Celebrando su 40 Aniversario, lo que motiva reflexionar sobre su pasado, su presente y su futuro.
Sobre el Origen de la Defensa Pública: Fue en marzo de 1967 que la Corte Plena le solicito a los magistrados Fernando Coto Albán y Ulises Odio, presentarán un informe acerca de las necesidades de la Defensa Pública en el país, los cuales con una gran visión humanitaria recomendaron la creación de la Defensa Pública, pues se considero además, fundamental para un estado constitucional de derecho fortalecer el acceso real a la justicia, mediante la creación de nuestra institución. Dichosamente dicha recomendación, fue aceptada por la Corte Plena, en el año 1970, siendo que por Ley de Presupuesto Ordinario de la República Fiscal, se incorporó la partida para sufragar los gastos correspondientes a un defensor público jefe de tiempo completo, y ocho defensores públicos de medio tiempo en San José y quince defensores públicos para los demás circuitos judiciales.
Sobre su Naturaleza: Si bien el origen de nuestra institución se debió a la necesidad de brindar asesoria jurídica a las personas que enfrentaban un proceso penal, debe señalarse que dicha situación ha variado sustancialmente en la actualidad, pues en la medida que se ha difundido el éxito de nuestra labor en la prestación del servicio público que se brinda, se ha ido considerando la pertinencia de que nuestra institución, haga posible el acceso real y efectivo a la administración de justicia para miles y miles de costarricenses, en otros campos de nuestra legislación, a tal grado que al 30 de junio del año 2009, nuestra institución tramitaba 32.192 causas que corresponden a otros procesos diferentes al penal y 46.669 causas penales. Es decir un 40% de las actividades que realiza la Defensa Pública esta destinada a procesos diversos del penal. En este proceso de diversificación de funciones, la defensa pública atiende a usuarios con diversas necesidades, ejemplo de ello, es el servicio público que se le brinda a aquellas personas, actoras o demandadas que enfrentan conflictos con ocasión del ejercicio de una actividad agrícola o ganadera; igualmente se asesora a mujeres, procurando que a través de un proceso alimentario no le falte el sustento diario de sus hijos e hijas, pero además, garantizando otros derechos también fundamentales para los niños y niñas, como lo son el derecho a la salud, a la educación, a la recreación, a la vivienda digna, etc. En igual medida, se brinda el servicio público en el campo del derecho penal juvenil, en donde se asesora y representa a menores infractores, vigilando que prevalezca el interés superior del niño, pero sobre todo se busca lograr la reinserción social de los menores que han delinquido. También actuamos en materia de Ejecución de la Pena, Materia Disciplinaria, penal de adultos, materia contravencional, materia de tránsito, etc., pero para estas materias se ubica un punto en común y es que a pesar de la diversidad de intereses que se representa, se busca que el usuario y usuaria de nuestros servicios, tenga un efectivo acceso a la administración de justicia, pero no cualquier clase de acceso, sino aquel que en forma real logre la satisfacción de una necesidad real del usuario y usuaria y por ende logre la satisfacción de un derecho fundamental, en donde prevalezca la condición del ser humano y el respeto irrestricto de su dignidad como pilar fundamental de la administración de justicia.
Como puede analizarse los servicios que brinda la institución de la Defensa Pública, tiene como objetivo satisfacer una necesidad en cuanto permite el acceso real de usuarios y usuarias, a la administración de justicia, siendo que de no existir la Defensa Pública, difícilmente podrían satisfacer dicha necesidad, ante la imposibilidad de subragar los gastos que genera la contratación de representación legal privada.
A través de esos 40 años, a la sombra del Poder Judicial nos hemos afianzado en nuestra misión, generando la prestación de un servicio público con calidad y eficiencia, pero a la vez ajenos de presiones políticas, en un ejercicio técnico de nuestra labor, que goza de total independencia y siempre en la búsqueda del bienestar de todos aquellos usuarios y usuarias que solicitan nuestros servicios y que por lo general proceden de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que han encontrado abrigo y respaldo de sus peticiones a través de nuestra gestión.
Sobre el futuro: En cuarenta años de formar parte del Poder Judicial, hemos demostrado ser eficientes, como garantes de derechos y garantías fundamentales, a tal grado que otros modelos de defensas públicas de América Latina se han inspirado en el nuestro, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de seguir fortaleciendo nuestra institución, como un valuarte de nuestra democracia. Por lo que mirando con optimismo el futuro, tenemos el enorme reto de seguir siendo eficientes y brindar un servicio público de calidad y excelencia, siempre en el resguardo de los derechos y garantías fundamentales de nuestros usuarios y usuarias. Oportuno es el momento para agradecer al personal administrativo y profesional que a lo largo de estos 40 años, ha forjado nuestra institución para hacerla crecer y constituirse hoy en un valuarte de nuestra democracia y a las autoridades del Poder Judicial, por la confianza, apoyo y colaboración dada a nuestra institución y por ser protagonistas en este proceso de fortalecimiento y crecimiento de un estado más democrático y más respetuoso de la dignidad humana, por lo que sin duda alguna, juntos seguiremos generando un servicio con calidad y eficiencia, que permita la satisfacción de un derecho fundamental de nuestros usuarios y usuarias, como lo es el acceso real a la administración de justicia.
DE LA DEFENSA PÚBLICA
José Arnoldo González Castro*
El próximo 4 y 5 de marzo la Defensa Pública de nuestro país, estará
Celebrando su 40 Aniversario, lo que motiva reflexionar sobre su pasado, su presente y su futuro.
Sobre el Origen de la Defensa Pública: Fue en marzo de 1967 que la Corte Plena le solicito a los magistrados Fernando Coto Albán y Ulises Odio, presentarán un informe acerca de las necesidades de la Defensa Pública en el país, los cuales con una gran visión humanitaria recomendaron la creación de la Defensa Pública, pues se considero además, fundamental para un estado constitucional de derecho fortalecer el acceso real a la justicia, mediante la creación de nuestra institución. Dichosamente dicha recomendación, fue aceptada por la Corte Plena, en el año 1970, siendo que por Ley de Presupuesto Ordinario de la República Fiscal, se incorporó la partida para sufragar los gastos correspondientes a un defensor público jefe de tiempo completo, y ocho defensores públicos de medio tiempo en San José y quince defensores públicos para los demás circuitos judiciales.
Sobre su Naturaleza: Si bien el origen de nuestra institución se debió a la necesidad de brindar asesoria jurídica a las personas que enfrentaban un proceso penal, debe señalarse que dicha situación ha variado sustancialmente en la actualidad, pues en la medida que se ha difundido el éxito de nuestra labor en la prestación del servicio público que se brinda, se ha ido considerando la pertinencia de que nuestra institución, haga posible el acceso real y efectivo a la administración de justicia para miles y miles de costarricenses, en otros campos de nuestra legislación, a tal grado que al 30 de junio del año 2009, nuestra institución tramitaba 32.192 causas que corresponden a otros procesos diferentes al penal y 46.669 causas penales. Es decir un 40% de las actividades que realiza la Defensa Pública esta destinada a procesos diversos del penal. En este proceso de diversificación de funciones, la defensa pública atiende a usuarios con diversas necesidades, ejemplo de ello, es el servicio público que se le brinda a aquellas personas, actoras o demandadas que enfrentan conflictos con ocasión del ejercicio de una actividad agrícola o ganadera; igualmente se asesora a mujeres, procurando que a través de un proceso alimentario no le falte el sustento diario de sus hijos e hijas, pero además, garantizando otros derechos también fundamentales para los niños y niñas, como lo son el derecho a la salud, a la educación, a la recreación, a la vivienda digna, etc. En igual medida, se brinda el servicio público en el campo del derecho penal juvenil, en donde se asesora y representa a menores infractores, vigilando que prevalezca el interés superior del niño, pero sobre todo se busca lograr la reinserción social de los menores que han delinquido. También actuamos en materia de Ejecución de la Pena, Materia Disciplinaria, penal de adultos, materia contravencional, materia de tránsito, etc., pero para estas materias se ubica un punto en común y es que a pesar de la diversidad de intereses que se representa, se busca que el usuario y usuaria de nuestros servicios, tenga un efectivo acceso a la administración de justicia, pero no cualquier clase de acceso, sino aquel que en forma real logre la satisfacción de una necesidad real del usuario y usuaria y por ende logre la satisfacción de un derecho fundamental, en donde prevalezca la condición del ser humano y el respeto irrestricto de su dignidad como pilar fundamental de la administración de justicia.
Como puede analizarse los servicios que brinda la institución de la Defensa Pública, tiene como objetivo satisfacer una necesidad en cuanto permite el acceso real de usuarios y usuarias, a la administración de justicia, siendo que de no existir la Defensa Pública, difícilmente podrían satisfacer dicha necesidad, ante la imposibilidad de subragar los gastos que genera la contratación de representación legal privada.
A través de esos 40 años, a la sombra del Poder Judicial nos hemos afianzado en nuestra misión, generando la prestación de un servicio público con calidad y eficiencia, pero a la vez ajenos de presiones políticas, en un ejercicio técnico de nuestra labor, que goza de total independencia y siempre en la búsqueda del bienestar de todos aquellos usuarios y usuarias que solicitan nuestros servicios y que por lo general proceden de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que han encontrado abrigo y respaldo de sus peticiones a través de nuestra gestión.
Sobre el futuro: En cuarenta años de formar parte del Poder Judicial, hemos demostrado ser eficientes, como garantes de derechos y garantías fundamentales, a tal grado que otros modelos de defensas públicas de América Latina se han inspirado en el nuestro, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de seguir fortaleciendo nuestra institución, como un valuarte de nuestra democracia. Por lo que mirando con optimismo el futuro, tenemos el enorme reto de seguir siendo eficientes y brindar un servicio público de calidad y excelencia, siempre en el resguardo de los derechos y garantías fundamentales de nuestros usuarios y usuarias. Oportuno es el momento para agradecer al personal administrativo y profesional que a lo largo de estos 40 años, ha forjado nuestra institución para hacerla crecer y constituirse hoy en un valuarte de nuestra democracia y a las autoridades del Poder Judicial, por la confianza, apoyo y colaboración dada a nuestra institución y por ser protagonistas en este proceso de fortalecimiento y crecimiento de un estado más democrático y más respetuoso de la dignidad humana, por lo que sin duda alguna, juntos seguiremos generando un servicio con calidad y eficiencia, que permita la satisfacción de un derecho fundamental de nuestros usuarios y usuarias, como lo es el acceso real a la administración de justicia.
*Defensor Público en San José
A propósito de este artículo se generó un foro de discusión en el grupo de facebook “Defensa Penal Pública” cuyas opiniones versaron sobre el tema de la asistencia que la Defensa Pública brinda en materias diversas a la penal (defendiendo a ciudadanos acusados de cometer delitos). Mientras que una parte de las reflexiones reivindicaron la necesidad de que la institución represente a personas sometidas a otras clases de procesos, haciendo ver que no se puede tolerar que exista discriminación en este sentido por no garantizar el estado asistencia gratuita y de calidad a personas que tienen el mismo carácter de ser humano que lo tienen los imputados; otra vertiente de reflexión se orientó en el sentido de hacer notar la posible existencia de una tendencia en la institución a alejarse de la impronta que ha marcado la materia penal y en ese sentido mostrar apertura hacia la diversificación de materias. Esto entendido desde la coyuntura de embate contra quienes defienden las garantías de los ciudadanos sometidos como acusados a procesos penales.
ResponderEliminar• De paso se mencionó –calificándola de retroceso- la restricción que las autoridades del Poder Judicial definieron en cuanto al servicio que se brinda en materia de pensiones alimentarias el cual sólo se ofrece para quienes demandan (mayoritariamente mujeres) pero no para quienes son demandados (mayoritariamente hombres).