La Sociedad de la Cero Tolerancia
Roberto Madrigal Zamora (compilador)*
Roberto Madrigal Zamora (compilador)*
Bajo el nombre “Cero Tolerancia” el grupo “Defensa Penal Pública” organizó un foro virtual en el que debatió sobre esa posición tan en boga durante la reciente campaña electoral y tan utilizada en la opinión publicada nacional, debate que giró en torno a la eventual contradicción entre la misma y los ideales democráticos que se supone sostienen al estado costarricense.
Coincidió el inicio de este debate con la muerte por atropello de un ciclista en una carretera nacional en el que estuvo involucrado un conductor aparentemente en estado de ebriedad, publicándose opiniones en los medios de comunicación en las que incluso se trataba de asesino a dicho conductor y se igualaba ese tipo de hechos con los homicidios dolosos. A propósito también del foro se citó el incidente ocurrido durante una marcha organizada por sectores activistas de los derechos de las mujeres, durante la cual al circular frente al edificio de la Defensa Pública en San José de Costa Rica un sector de los manifestantes gritaba “defensor de asesinos”, en alusión al defensor público que meses atrás obtuvo de la Sala Constitucional un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de varios de los artículos de la Ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujer.
De igual manera sirvió de insumo a la discusión sobre este tema lo acaecido a raíz del dictado de una sentencia de sobreseimiento en favor de un oficial de la policía judicial que venía siendo acusado de actos de “corrupción” en el desempeño de su función, sentencia pese a la cual la jerarquía de ese cuerpo policial y un grupo de compañeros del oficial expusieron su propia condena, en un acto que sin duda alguna deja mucho que desear sobre la obediencia que a los procedimientos legales y a los resultados que de los mismos emanen pueden tener esos miembros del Organismo de Investigación Judicial.
Todas las opiniones cosechadas en el foro fueron expuestas por personas ligadas a la Defensa Pública costarricense coincidiéndose en señalar el carácter fundamentalista de quienes sostienen políticas propias de lo que se ha llamado “cero tolerancia”, enfatizándose la responsabilidad que les cabe a las empresas de transmisión masiva de la información en la generación de un ambiente de temor generalizado; empresas que se ha convertido en un actor privilegiado dentro del escenario de la reacción social con una clara tendencia hacia una mayor represión.
Se señaló que la Defensa Pública debe liderar una lucha por la defensa de la vigencia de las garantías individuales, lucha en la que debe destacar una actitud beligerante en el ejercicio de todos los recursos legales que se encuentren al alcance del defensor y que debe tener como sustento en lo técnico una sólida posición teórica, en lo político una clara posición ideológica que evidencie que el problema de la seguridad ciudadana tiene que ver con las desigualdades y los desequilibrios sobre los que descansa nuestro sistema, y que en lo estratégico debe estructurarse a partir de la unión de grupo (espíritu de cuerpo) y gremial. Se considera además que esta lucha debe trascender el espacio meramente del foro debiéndose tratar de tener capacidad de palabra, esto es, posibilidad de hacer sentir nuestra voz en la escena política nacional a través de publicaciones especializadas y en los espacios cotidianos de la prensa. Para esto último se hizo ver la necesidad de que se fortalezca la comisión de prensa de la Defensa Pública para que se convierta en una Oficina de Prensa como aquella con la que cuentan las agencias del control social (Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, etc.)
Finalmente se reivindicó el papel político de la función que cumple la Defensa Pública que no es ni más ni menos que frenar el ejercicio despótico del poder público en su vertiente de aplicación del ius puniendi condensándose la misma mediante la cita de una frase de Tom Paine -defensor de la independencia estadounidense- quien decía: "Aquel que pretenda asegurar su propia libertad debe proteger incluso a su enemigo de la opresión, porque si viola este deber establecerá un precedente que acabará por afectarle también a él".
*Defensor Público en Cartago, Costa Rica
Coincidió el inicio de este debate con la muerte por atropello de un ciclista en una carretera nacional en el que estuvo involucrado un conductor aparentemente en estado de ebriedad, publicándose opiniones en los medios de comunicación en las que incluso se trataba de asesino a dicho conductor y se igualaba ese tipo de hechos con los homicidios dolosos. A propósito también del foro se citó el incidente ocurrido durante una marcha organizada por sectores activistas de los derechos de las mujeres, durante la cual al circular frente al edificio de la Defensa Pública en San José de Costa Rica un sector de los manifestantes gritaba “defensor de asesinos”, en alusión al defensor público que meses atrás obtuvo de la Sala Constitucional un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de varios de los artículos de la Ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujer.
De igual manera sirvió de insumo a la discusión sobre este tema lo acaecido a raíz del dictado de una sentencia de sobreseimiento en favor de un oficial de la policía judicial que venía siendo acusado de actos de “corrupción” en el desempeño de su función, sentencia pese a la cual la jerarquía de ese cuerpo policial y un grupo de compañeros del oficial expusieron su propia condena, en un acto que sin duda alguna deja mucho que desear sobre la obediencia que a los procedimientos legales y a los resultados que de los mismos emanen pueden tener esos miembros del Organismo de Investigación Judicial.
Todas las opiniones cosechadas en el foro fueron expuestas por personas ligadas a la Defensa Pública costarricense coincidiéndose en señalar el carácter fundamentalista de quienes sostienen políticas propias de lo que se ha llamado “cero tolerancia”, enfatizándose la responsabilidad que les cabe a las empresas de transmisión masiva de la información en la generación de un ambiente de temor generalizado; empresas que se ha convertido en un actor privilegiado dentro del escenario de la reacción social con una clara tendencia hacia una mayor represión.
Se señaló que la Defensa Pública debe liderar una lucha por la defensa de la vigencia de las garantías individuales, lucha en la que debe destacar una actitud beligerante en el ejercicio de todos los recursos legales que se encuentren al alcance del defensor y que debe tener como sustento en lo técnico una sólida posición teórica, en lo político una clara posición ideológica que evidencie que el problema de la seguridad ciudadana tiene que ver con las desigualdades y los desequilibrios sobre los que descansa nuestro sistema, y que en lo estratégico debe estructurarse a partir de la unión de grupo (espíritu de cuerpo) y gremial. Se considera además que esta lucha debe trascender el espacio meramente del foro debiéndose tratar de tener capacidad de palabra, esto es, posibilidad de hacer sentir nuestra voz en la escena política nacional a través de publicaciones especializadas y en los espacios cotidianos de la prensa. Para esto último se hizo ver la necesidad de que se fortalezca la comisión de prensa de la Defensa Pública para que se convierta en una Oficina de Prensa como aquella con la que cuentan las agencias del control social (Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, etc.)
Finalmente se reivindicó el papel político de la función que cumple la Defensa Pública que no es ni más ni menos que frenar el ejercicio despótico del poder público en su vertiente de aplicación del ius puniendi condensándose la misma mediante la cita de una frase de Tom Paine -defensor de la independencia estadounidense- quien decía: "Aquel que pretenda asegurar su propia libertad debe proteger incluso a su enemigo de la opresión, porque si viola este deber establecerá un precedente que acabará por afectarle también a él".
*Defensor Público en Cartago, Costa Rica
El Derecho Penal como un fin y no como un medio para alcanzar la justicia
ResponderEliminarRoberto Madrigal Zamora* (compilador)
El contenido de este comentario está constituido por la reseña de las opiniones vertidas en el foro que con este nombre se desarrolló en el sitio en facebook del grupo virtual "Defensa Penal Pública".
La idea que rigió las observaciones en este foro fue la de que el derecho penal es el último mecanismo (ultima ratio) del que se vale una sociedad democrática para regular los comportamientos en su seno. Dentro de esta tesitura y muy a propósito del escenario político en el que hoy por hoy nos desenvolvemos, se destacó la tensión que existe entre ciertas expectativas sociales que generan demandas hacia el derecho penal y sus operadores y los valores que estos desde su papel de técnicos del derecho deben utilizar como criterios rectores de su labor. Este escenario de tensión entre las demandas sociales y los principios legales que el penalista debe observar, puede llevarnos (gracias a la falibilidad de los seres humanos y al intrincado juego de influencias y poderes propios de un sistema democrático) a una realidad de debilitamiento de las libertades individuales frente a la cual la única garantía –según la opinión de uno de los foristas- que podemos encontrar es la vocación democrática que los centros académicos logren cultivar en aquellos que pretenden desenvolverse como aplicadores del derecho.
En fin se concluyó que una conciencia democrática lúcida y robusta es la única forma de dar un mínimo de legitimidad a esta rama del derecho que “…aun cuando rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad que hace problemática e incierta su legitimidad moral y política” (Luigi Ferrajoli).
Participaron en el foro Danilo Salinas C., Diego Arce Mata y Roberto Madrigal Zamora.
*Defensor Público en Cartago, Costa Rica
¿Justicia: Mito o Realidad?
ResponderEliminarRoberto Madrigal Zamora* (compilador)
El contenido de este comentario está constituido por la reseña de las opiniones vertidas en el foro que con este nombre se desarrolló en el sitio en facebook del grupo virtual "Defensa Penal Pública".
Cuando incluso al interno del foro judicial se levantan voces que califican como impunidad el hecho de que el sistema dicte sentencias absolutorias, se impone una reflexión sobre la falibilidad del sistema penal que deviene no solo de la carencia de recursos o los yerros humanos sino sobre todo de la naturaleza selectiva de aquel y de la desviación en el ejercicio del poder público que se evidenciaría en la obtención ilegal de pruebas, el irrespeto a las garantías individuales, etc.
Si a lo anterior se le suma la deshumanización propia de un entorno social cada vez más preocupado por el tener que por el ser se comprende la situación de desamparo, estigmatización y abandono a la que puede confinarse a los ciudadanos sometidos a la persecución penal.
Sólo una conciencia lúcida sobre estos temas y el compromiso beligerante de los profesionales a quienes corresponde la vigencia de los derechos de los ciudadanos puede acercarnos al ideal de justicia pronta y cumplida.
Participaron en el foro José Luis Gómez Ruíz, Marcela Adriana Vivona y Roberto Madrigal Zamora.
*Defensor Público en Cartago, Costa Rica