CARTAGO: PARTICIPACIÓN COMUNAL Y DELINCUENCIA JUVENIL *
Rodolfo Chaves Cordero**
El tema de la seguridad ciudadana según las últimas encuestas de opinión es ahora la mayor preocupación para el 46 por ciento de los ciudadanos de nuestro país, El 46 por ciento de los costarricenses considera que la inseguridad ciudadana es el problema más grave del país,( Nación 13 de agosto 2010) con base en este hecho son muchas las voces que se levantan solicitando medidas coercitivas cada vez más fuertes por parte del Estado y sobre todo del Poder judicial.
Tratándose de menores de edad la polémica ha sido mas directa, impulsándose medidas de cero tolerancia, pidiendo los diputados de la anterior legislatura bajar la edad para ser juzgado como adultos a los quince años, impulsando por añadidura un aumento en las penas de cárcel y de plazo de la prisión preventiva. En todos los casos la única respuesta que se propone es la prisión, panacea que ya ha probado su inutilidad cuando se usa como único recurso para atacar la delincuencia.
Se olvidan los impulsores de la prisionalización que la delincuencia, es ante todo un problema multifactorial con una marcado origen social, no por nada la inmensa mayoría de personas que violentan las leyes penales pertenecen a los estratos sociales mas bajos, producto de una inequidad en la distribución de la riqueza y de las opciones laborales y educativas de que se dispone. “Mientras que los países de esta región no son ricos, los estudios sobre la correlatividad en la delincuencia, han encontrado que la distribución de la riqueza en una sociedad, es de hecho mucho más significativa que la pobreza extrema, para predecir los niveles de violencia. Se ha dicho que las grandes disparidades en la distribución de la riqueza brinda a los delincuentes una justificación (poner fin a la injusticia social) y una oportunidad (riquezas que robar) para sus actividades y genera "violencia expresiva". Centroamérica es una de las regiones con los niveles más altos de desigualdad en el mundo, junto con América del Sur y África Subsahariana. Cuatro de los siete países de Centroamérica figuran entre los de más alto nivel de desigualdad , en términos de distribución de ingresos” en “ Crimen y Desarrollo en Centroamérica Atrapados en una Encrucijada” Naciones Unidas 2007. Esto podría explicar porque más cárcel jamás podrá ser la única respuesta al problema de la delincuencia.
En materia de menores en conflicto con la ley, no es casual que se repita esta relación inequidad - delincuencia, los jóvenes pertenecen en su mayoría a familias disfuncionales, con baja escolaridad, adicción a drogas, fuera del sistema educativo y laboral , dicho panorama es relevante si tomamos en cuenta el reciente dato que señala que el estrato de jóvenes menores de 24 años con potencialidad de laborar tiene un promedio de desempleo de 17.5, casi cuatro veces mayor que el promedio nacional que es de 4.6. Nación 13 de agosto 2010.
Así ante esta incapacidad objetiva de ubicarse en el sistema educativo y/o laboral para obtener los recursos económicos necesarios para solventar las necesidades básicas o para poseer aquellos bienes de los que gozan los individuos con mayores ingresos, surge la insatisfacción que muchas veces los lleva a delinquir para obtener por la fuerza lo que en forma normal no pueden poseer.
Se requiere entonces, ante todo dotar de más recursos al sistema educativo en todas sus facetas, ampliar la oferta de carreras técnicas, implementar en forma más efectiva programas como “avancemos”, brindar opciones culturales y deportivas , dar soporte económico a familias en pobreza y extrema pobreza, para que los muchachos no tengan que desertar del sistema educativo y puedan tener mejores oportunidades para enfrentarse a la vida..
RELACIÓNÒN CARCEL- REINCIDENCIA.
En el año 1999, a raíz de un proyecto del equipo Penal Juvenil del Circuito Judicial de Cartago, se realizó un muestreo que nos permitió determinar una relación directa entre los menores que habían sido enviados a prisión como resultado de una sanción penal juvenil y aquellos que posteriormente delinquieron como adultos, así de cada diez jóvenes enviados a la cárcel siendo menores, nueve volvieron a delinquir antes y después de ser adultos, por el contrario, de cada cien jóvenes procesados penalmente como menores , que no estuvieron presos por acogerse a alguna de las salidas alternativas que la Ley de Justicia Penal Juvenil permite, solamente dos volvieron a delinquir siendo adultos. (Chaves, Perfil del Menor Infractor de Cartago 1999-2000, inédito) Estos jóvenes que no reincidieron, fueron acusados por delitos que no diferían con los que sí fueron sentenciados a prisión, la diferencia radica en que se les impuso una medida diferente a la prisión o pudieron cumplir las sanciones alternativas impúestas, lo que demostró que no es la calidad del infractor lo que generó la no reincidencia , sino la oportunidad de optar por una alternativa diferente a la cárcel.
Tomando en consideración que esta situación se ha mantenido a través de los años, entre los miembros del equipo de esta especialidad en el circuito judicial de Cartago: Juzgado, Defensa Pública , Departamento de Trabajo Social, con el apoyo de la Fiscalía surgió la inquietud de buscar resolver el conflicto social provocado por el delito desde una perspectiva más social, que involucrara a todas las partes del proceso: victima, comunidad y menor acusado, Poder Judicial, dejando la posibilidad de prisión como lo exige la ley y los instrumentos internacionales solo como un último recurso para aquellos delitos de máxima gravedad, ej. Homicidios, violaciones, robos agravados con suma violencia, etc.
La importancia de atacar la reincidencia , reside en el hecho de que si bien se ha percibido que la delincuencia juvenil es episódica, también es cierto que aquellos que se ven involucrados en varios actos contrarios a la ley penal van subiendo el grado de violencia en cada una de sus acciones, así muchachos que inician con pequeños hurtos , poco a poco van imprimiendo violencia a sus acciones hasta llegar a la comisión de graves delitos contra la vida. Cortar este ascenso en la gravedad de las acciones es un beneficio para la comunidad -y la sociedad en general- en la que se desenvuelve el joven en conflicto con la ley.
SUSPENSIÓN DE PROCESO A PRUEBA Y SERVICIO A FAVOR DE LA COMUNIDAD.
Dentro de la gama de opciones que la Ley De Justicia Penal Juvenil permite para resolver un proceso penal, se encuentra la Suspensión del Proceso a Prueba, instituto que consiste en suspender el proceso por un período de hasta tres años, tiempo durante el cual el joven se compromete a cumplir una serie de condiciones, dentro de las que puede incluirse realizar un servicio gratuito a favor de la comunidad.
En nuestro caso es el joven junto con el defensor quienes proponen un plan reparador así como el plazo de cumplimiento, mismos que deben ser proporcionales tanto al delito acusado y a las características personales del joven, dicho plan es puesto en conocimiento del ofendido y la fiscalía y es el juez penal juvenil quien se encarga de aprobarlo si cumple con los requisitos exigidos por la ley.
RED DE APOYO INSTITUCIONAL
Tomando como base esta posibilidad, y sabiendo que el Poder Judicial no tiene la capacidad atender por si sólo el problema de la delincuencia, sino que se debe involucrar a la comunidad, nos dimos a la tarea de ubicar diferentes instituciones públicas y privadas sin fines de lucro de toda la provincia, con la finalidad de crear una red de apoyo , logrando en el año 2008 realizar una reunión con cerca de veinticinco instituciones, se explico el proyecto a sus representantes, señalando sobre todo que no se trataba de buscar la impunidad en los jóvenes, sino por el contrario con la anuencia de la parte ofendida, buscar que el joven resarciera el posible daño causado prestando un servicio gratuito a la comunidad.
La respuesta fue positiva y al día de hoy se encuentran enlistadas cerca de 60 instituciones, mismas que han corroborado que estos jóvenes lo que requieren es una oportunidad, oportunidad de sentirse útiles dentro de la sociedad, en una sinergia, en donde los jóvenes aportan su trabajo a las diferentes instituciones y reciben en muchos casos el fortalecimiento de valores que no estaban arraigados en ellos o sus familias, como lo son la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y sobre todo un aumento en su propia estima.
Las víctimas han comprendido que la Ley del Talión en nada beneficia a nuestra sociedad y en todos los casos han dado su consentimiento para que el posible daño causado se resarza beneficiando a alguna institución de la comunidad cartaginesa y por ende al mismo imputado: brindándole a este la posibilidad de evitar una sanción de internamiento, las víctimas tienen la certeza de que al proceso se le da un seguimiento a través del departamento de Trabajo Social, lo que asegura que cada joven cumpla hasta él último minuto de las horas que se comprometido a realizar y de las otras condiciones determinadas en la suspensión de proceso a prueba
Se han compartido experiencias entre los participantes en la red, señalándose cambios positivos importantes en los jóvenes, que ha permitido a muchos de ellos continuar una labor de voluntariado posterior al cumplimiento de las horas impuestas.
A este momento cerca de doscientos jóvenes que se han acogido a la suspensión del proceso a prueba, han realizado aproximadamente 10.000 horas de servicio comunal, beneficiando a instituciones de toda la provincia de Cartago y la zona de los Santos, con un nivel de cumplimiento superior al noventa por ciento y lo mas importante cerca del cien por ciento de ellos no ha vuelto a delinquir después de haber terminado de prestar el servicio a favor de la comunidad.
Cartago ha entendido que el esfuerzo por evitar la reincidencia es obligación de todos y ha optado por esta vía privilegiándola sobre el encierro sin sentido, así día a día se nos unen mas instituciones y son mas los jóvenes a quienes se les brinda la oportunidad de enmendar su comportamiento a tiempo y no volver a enfrentarse al sistema penal.
Este proyecto ha sido valorado por el Poder Judicial en forma positiva, siendo premiado el año pasado como la mejor práctica judicial a nivel Jurisdiccional, se tomó para ello en cuenta el contenido social que conlleva, pues si bien exige de los operadores de justicia un mayor compromiso y labor, esto se ve recompensado con una menor reincidencia delincuencial, que muchas veces es una espiral ascendente hacia delitos cada vez más violentos, que es sin duda el grave problema que generan los jóvenes que hacen de la delincuencia un hábito.
En el presente año el compromiso es repetir la experiencia positiva de Cartago en otros circuitos judiciales del país, ya se empezó una red de apoyo en la provincia de Limón, en donde esperamos igual participación comunitaria en pro de un beneficio colectivo.
Tratándose de menores de edad la polémica ha sido mas directa, impulsándose medidas de cero tolerancia, pidiendo los diputados de la anterior legislatura bajar la edad para ser juzgado como adultos a los quince años, impulsando por añadidura un aumento en las penas de cárcel y de plazo de la prisión preventiva. En todos los casos la única respuesta que se propone es la prisión, panacea que ya ha probado su inutilidad cuando se usa como único recurso para atacar la delincuencia.
Se olvidan los impulsores de la prisionalización que la delincuencia, es ante todo un problema multifactorial con una marcado origen social, no por nada la inmensa mayoría de personas que violentan las leyes penales pertenecen a los estratos sociales mas bajos, producto de una inequidad en la distribución de la riqueza y de las opciones laborales y educativas de que se dispone. “Mientras que los países de esta región no son ricos, los estudios sobre la correlatividad en la delincuencia, han encontrado que la distribución de la riqueza en una sociedad, es de hecho mucho más significativa que la pobreza extrema, para predecir los niveles de violencia. Se ha dicho que las grandes disparidades en la distribución de la riqueza brinda a los delincuentes una justificación (poner fin a la injusticia social) y una oportunidad (riquezas que robar) para sus actividades y genera "violencia expresiva". Centroamérica es una de las regiones con los niveles más altos de desigualdad en el mundo, junto con América del Sur y África Subsahariana. Cuatro de los siete países de Centroamérica figuran entre los de más alto nivel de desigualdad , en términos de distribución de ingresos” en “ Crimen y Desarrollo en Centroamérica Atrapados en una Encrucijada” Naciones Unidas 2007. Esto podría explicar porque más cárcel jamás podrá ser la única respuesta al problema de la delincuencia.
En materia de menores en conflicto con la ley, no es casual que se repita esta relación inequidad - delincuencia, los jóvenes pertenecen en su mayoría a familias disfuncionales, con baja escolaridad, adicción a drogas, fuera del sistema educativo y laboral , dicho panorama es relevante si tomamos en cuenta el reciente dato que señala que el estrato de jóvenes menores de 24 años con potencialidad de laborar tiene un promedio de desempleo de 17.5, casi cuatro veces mayor que el promedio nacional que es de 4.6. Nación 13 de agosto 2010.
Así ante esta incapacidad objetiva de ubicarse en el sistema educativo y/o laboral para obtener los recursos económicos necesarios para solventar las necesidades básicas o para poseer aquellos bienes de los que gozan los individuos con mayores ingresos, surge la insatisfacción que muchas veces los lleva a delinquir para obtener por la fuerza lo que en forma normal no pueden poseer.
Se requiere entonces, ante todo dotar de más recursos al sistema educativo en todas sus facetas, ampliar la oferta de carreras técnicas, implementar en forma más efectiva programas como “avancemos”, brindar opciones culturales y deportivas , dar soporte económico a familias en pobreza y extrema pobreza, para que los muchachos no tengan que desertar del sistema educativo y puedan tener mejores oportunidades para enfrentarse a la vida..
RELACIÓNÒN CARCEL- REINCIDENCIA.
En el año 1999, a raíz de un proyecto del equipo Penal Juvenil del Circuito Judicial de Cartago, se realizó un muestreo que nos permitió determinar una relación directa entre los menores que habían sido enviados a prisión como resultado de una sanción penal juvenil y aquellos que posteriormente delinquieron como adultos, así de cada diez jóvenes enviados a la cárcel siendo menores, nueve volvieron a delinquir antes y después de ser adultos, por el contrario, de cada cien jóvenes procesados penalmente como menores , que no estuvieron presos por acogerse a alguna de las salidas alternativas que la Ley de Justicia Penal Juvenil permite, solamente dos volvieron a delinquir siendo adultos. (Chaves, Perfil del Menor Infractor de Cartago 1999-2000, inédito) Estos jóvenes que no reincidieron, fueron acusados por delitos que no diferían con los que sí fueron sentenciados a prisión, la diferencia radica en que se les impuso una medida diferente a la prisión o pudieron cumplir las sanciones alternativas impúestas, lo que demostró que no es la calidad del infractor lo que generó la no reincidencia , sino la oportunidad de optar por una alternativa diferente a la cárcel.
Tomando en consideración que esta situación se ha mantenido a través de los años, entre los miembros del equipo de esta especialidad en el circuito judicial de Cartago: Juzgado, Defensa Pública , Departamento de Trabajo Social, con el apoyo de la Fiscalía surgió la inquietud de buscar resolver el conflicto social provocado por el delito desde una perspectiva más social, que involucrara a todas las partes del proceso: victima, comunidad y menor acusado, Poder Judicial, dejando la posibilidad de prisión como lo exige la ley y los instrumentos internacionales solo como un último recurso para aquellos delitos de máxima gravedad, ej. Homicidios, violaciones, robos agravados con suma violencia, etc.
La importancia de atacar la reincidencia , reside en el hecho de que si bien se ha percibido que la delincuencia juvenil es episódica, también es cierto que aquellos que se ven involucrados en varios actos contrarios a la ley penal van subiendo el grado de violencia en cada una de sus acciones, así muchachos que inician con pequeños hurtos , poco a poco van imprimiendo violencia a sus acciones hasta llegar a la comisión de graves delitos contra la vida. Cortar este ascenso en la gravedad de las acciones es un beneficio para la comunidad -y la sociedad en general- en la que se desenvuelve el joven en conflicto con la ley.
SUSPENSIÓN DE PROCESO A PRUEBA Y SERVICIO A FAVOR DE LA COMUNIDAD.
Dentro de la gama de opciones que la Ley De Justicia Penal Juvenil permite para resolver un proceso penal, se encuentra la Suspensión del Proceso a Prueba, instituto que consiste en suspender el proceso por un período de hasta tres años, tiempo durante el cual el joven se compromete a cumplir una serie de condiciones, dentro de las que puede incluirse realizar un servicio gratuito a favor de la comunidad.
En nuestro caso es el joven junto con el defensor quienes proponen un plan reparador así como el plazo de cumplimiento, mismos que deben ser proporcionales tanto al delito acusado y a las características personales del joven, dicho plan es puesto en conocimiento del ofendido y la fiscalía y es el juez penal juvenil quien se encarga de aprobarlo si cumple con los requisitos exigidos por la ley.
RED DE APOYO INSTITUCIONAL
Tomando como base esta posibilidad, y sabiendo que el Poder Judicial no tiene la capacidad atender por si sólo el problema de la delincuencia, sino que se debe involucrar a la comunidad, nos dimos a la tarea de ubicar diferentes instituciones públicas y privadas sin fines de lucro de toda la provincia, con la finalidad de crear una red de apoyo , logrando en el año 2008 realizar una reunión con cerca de veinticinco instituciones, se explico el proyecto a sus representantes, señalando sobre todo que no se trataba de buscar la impunidad en los jóvenes, sino por el contrario con la anuencia de la parte ofendida, buscar que el joven resarciera el posible daño causado prestando un servicio gratuito a la comunidad.
La respuesta fue positiva y al día de hoy se encuentran enlistadas cerca de 60 instituciones, mismas que han corroborado que estos jóvenes lo que requieren es una oportunidad, oportunidad de sentirse útiles dentro de la sociedad, en una sinergia, en donde los jóvenes aportan su trabajo a las diferentes instituciones y reciben en muchos casos el fortalecimiento de valores que no estaban arraigados en ellos o sus familias, como lo son la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y sobre todo un aumento en su propia estima.
Las víctimas han comprendido que la Ley del Talión en nada beneficia a nuestra sociedad y en todos los casos han dado su consentimiento para que el posible daño causado se resarza beneficiando a alguna institución de la comunidad cartaginesa y por ende al mismo imputado: brindándole a este la posibilidad de evitar una sanción de internamiento, las víctimas tienen la certeza de que al proceso se le da un seguimiento a través del departamento de Trabajo Social, lo que asegura que cada joven cumpla hasta él último minuto de las horas que se comprometido a realizar y de las otras condiciones determinadas en la suspensión de proceso a prueba
Se han compartido experiencias entre los participantes en la red, señalándose cambios positivos importantes en los jóvenes, que ha permitido a muchos de ellos continuar una labor de voluntariado posterior al cumplimiento de las horas impuestas.
A este momento cerca de doscientos jóvenes que se han acogido a la suspensión del proceso a prueba, han realizado aproximadamente 10.000 horas de servicio comunal, beneficiando a instituciones de toda la provincia de Cartago y la zona de los Santos, con un nivel de cumplimiento superior al noventa por ciento y lo mas importante cerca del cien por ciento de ellos no ha vuelto a delinquir después de haber terminado de prestar el servicio a favor de la comunidad.
Cartago ha entendido que el esfuerzo por evitar la reincidencia es obligación de todos y ha optado por esta vía privilegiándola sobre el encierro sin sentido, así día a día se nos unen mas instituciones y son mas los jóvenes a quienes se les brinda la oportunidad de enmendar su comportamiento a tiempo y no volver a enfrentarse al sistema penal.
Este proyecto ha sido valorado por el Poder Judicial en forma positiva, siendo premiado el año pasado como la mejor práctica judicial a nivel Jurisdiccional, se tomó para ello en cuenta el contenido social que conlleva, pues si bien exige de los operadores de justicia un mayor compromiso y labor, esto se ve recompensado con una menor reincidencia delincuencial, que muchas veces es una espiral ascendente hacia delitos cada vez más violentos, que es sin duda el grave problema que generan los jóvenes que hacen de la delincuencia un hábito.
En el presente año el compromiso es repetir la experiencia positiva de Cartago en otros circuitos judiciales del país, ya se empezó una red de apoyo en la provincia de Limón, en donde esperamos igual participación comunitaria en pro de un beneficio colectivo.
*Una versión editada de este artículo se publicó en el periódico La Nación, Sección Opinión, Domingo 5 de setiembre de 2010
**Defensor Público de la materia Penal Juvenil, Cartago Costa Rica
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